- Una conductora fue denunciada en Ibiza por avisar en Telegram de un control de la Guardia Civil en la EI-200.
- La actuación se basa en el artículo 36.23 de la Ley Orgánica 4/2015 de seguridad ciudadana.
- Las multas por este tipo de infracción grave pueden ir de 601 a 30.000 euros.
- Grupos de Telegram y WhatsApp que alertan de controles están bajo la lupa de Guardia Civil y DGT.
Una simple alerta enviada a un grupo de Telegram ha acabado en un expediente sancionador que puede salir muy caro. El caso, ocurrido en Ibiza, ha puesto el foco en qué se puede y qué no se puede compartir en redes sociales y aplicaciones de mensajería cuando se trata de operativos de la Guardia Civil en carretera.
Lo que para muchos usuarios es visto como una “ayuda” entre conductores para esquivar controles de alcoholemia o documentación se ha convertido, a ojos de las autoridades, en una conducta que puede poner en riesgo tanto la seguridad vial como el resultado de los dispositivos policiales. La denuncia a una conductora ibicenca por avisar de un control en un grupo de Telegram es un aviso claro para todo el que participe en este tipo de chats.
El control de tráfico en Ibiza que destapó el problema
Los hechos tuvieron lugar en la carretera EI-200, a la altura de Santa Eulària des Riu, donde agentes de la Guardia Civil de Tráfico habían montado un punto de verificación de vehículos y personas. En un momento del operativo, dieron el alto a un turismo ocupado por dos mujeres, tomaron sus datos y las dejaron continuar su camino sin mayor complicación.
Al cabo de unos minutos, los agentes empezaron a notar algo extraño: el flujo de vehículos por esa vía principal cayó de forma llamativa. Al mismo tiempo, observaron que numerosos coches optaban por utilizar un camino vecinal paralelo, claramente con la intención de evitar el control colocado en la rotonda de Santa Eulària.
Esa reducción repentina del tráfico y el desvío simultáneo de varios conductores levantó sospechas entre los guardias civiles, que intuyeron que alguien podría estar avisando en tiempo real de la presencia del dispositivo policial. No era la primera vez que se enfrentaban a una situación similar y sabían dónde mirar.
Los agentes decidieron entonces revisar un conocido grupo de Telegram utilizado en Ibiza para compartir incidencias de tráfico
A partir de ahí, la Guardia Civil inició las diligencias para rastrear la identidad de la persona que había enviado el mensaje en el chat. Tras las comprobaciones oportunas, determinaron que la autora del aviso era una de las dos mujeres que habían sido identificadas minutos antes en el propio control de la EI-200.
Por qué la Guardia Civil decidió denunciar el aviso en Telegram
Una vez vinculada la cuenta de Telegram con la conductora, los agentes procedieron a comunicarle la apertura de un acta de denuncia por una infracción grave, al entender que su actuación había comprometido el éxito del operativo y facilitado que otros usuarios evitasen la zona de control.
La Benemérita sostiene que difundir en tiempo real la ubicación exacta de un control de vehículos no es un gesto inocente, sino una conducta que permite a posibles infractores esquivar un filtro destinado a detectar alcoholemias positivas, conducción bajo los efectos de las drogas, falta de seguro obligatorio, ausencia de permiso de conducir válido o incluso la presencia de personas buscadas por la justicia.
Desde el Instituto Armado se ha recalcado que este tipo de avisos no solo reduce la eficacia de los controles, sino que puede poner en riesgo la seguridad de los agentes y del resto de usuarios de la vía. Un conductor que ha consumido alcohol o drogas y decide dar un rodeo para evitar el punto de verificación sigue siendo un peligro, pero ahora lo hace por vías secundarias, muchas veces más estrechas y con peor visibilidad.
En sus comunicados, la Guardia Civil de Baleares ha insistido en que la difusión no autorizada de datos sobre dispositivos policiales en marcha está expresamente prohibida y se considera una conducta sancionable. El hecho de que el aviso se haga en un grupo “cerrado” de Telegram o WhatsApp no excluye su posible persecución.
La ley que se aplica: el artículo 36.23 de la Ley de seguridad ciudadana
La denuncia contra la conductora de Ibiza se basa en la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, conocida popularmente como “ley de seguridad ciudadana”. En concreto, los hechos se encuadran en el artículo 36.23, relativo a infracciones graves.
Este precepto sanciona el “uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad” cuando esa difusión pueda poner en peligro la seguridad de los agentes, de sus familias, de las instalaciones protegidas o poner en riesgo el éxito de una operación o dispositivo en curso.
En el caso ibicenco, la interpretación de la Guardia Civil es clara: avisar de un control activo con su ubicación concreta entra dentro de esa última categoría, porque facilita que numerosos conductores eludan la actuación prevista. El mensaje en el grupo de Telegram no se limitaba a una referencia genérica, sino que apuntaba de forma muy precisa a la “rotonda de Santa Eulària”.
La Ley Orgánica 4/2015 clasifica esta conducta como infracción grave. Según el artículo 39 de la misma norma, las sanciones económicas previstas oscilan entre los 601 y los 30.000 euros, distribuidas en tres tramos: grado mínimo (de 601 a 10.400 €), grado medio (de 10.401 a 20.200 €) y grado máximo (de 20.201 a 30.000 €), en función de la gravedad y del perjuicio causado.
En este tipo de expedientes se tienen en cuenta diversos factores, como el alcance del mensaje, el número de personas potencialmente alertadas y el efecto real sobre el operativo. En Ibiza, los agentes detectaron de inmediato el impacto del aviso al comprobar cómo caía el tráfico en la EI-200 y cómo aumentaba la circulación por la vía secundaria paralela.
Las autoridades recuerdan que esta norma se aplica con independencia de que el aviso se haga por Telegram, WhatsApp, redes sociales o cualquier otro canal digital. El soporte es lo de menos: lo relevante para el Derecho administrativo sancionador es el contenido del mensaje y su capacidad para alterar un dispositivo policial.
De las ráfagas de luces a los grupos de Telegram y WhatsApp
La situación vivida en Ibiza ilustra una tendencia que la Dirección General de Tráfico (DGT) y la Guardia Civil vienen señalando desde hace años: el salto de los avisos tradicionales entre conductores a los avisos masivos a través de aplicaciones. Si antes era común advertir con ráfagas de luces al cruzarse con otro coche, ahora un solo mensaje en un chat llega de golpe a decenas, cientos o incluso miles de personas.
Responsables de la Agrupación de Tráfico han explicado en distintas ocasiones que estos grupos se multiplicaron especialmente a partir de la pandemia, cuando se impusieron restricciones de movilidad y se intensificaron los controles en carretera. Muchos usuarios comenzaron a organizarse por comarcas y zonas, creando chats muy activos que “van radiando los movimientos de las patrullas” prácticamente en tiempo real.
En plataformas como WhatsApp, donde un solo grupo puede reunir hasta 1.024 participantes, o Telegram, que permite comunidades de hasta 200.000 miembros, el alcance de cada aviso es enorme. Los mensajes no solo informan de atascos o accidentes, sino que a menudo detallan la ubicación de patrullas, radares móviles, controles de alcoholemia o dispositivos de documentación.
Los mandos de Tráfico vienen advirtiendo de que, con este fenómeno, “los guardias civiles han pasado de controlar a ser controlados”. Es decir, muchos conductores siguen en tiempo real dónde están las patrullas, qué tramos están vigilando y qué zonas quedan “libres”, lo que fomenta comportamientos de riesgo bajo la sensación de que es fácil esquivar cualquier filtro.
Para la DGT, este tipo de prácticas tiene un efecto directo sobre la siniestralidad: quien conduce creyendo que no va a ser parado tiende a asumir más riesgos, y cuando, además, llega un aviso que le permite esquivar un control, la probabilidad de que su conducta peligrosa quede impune aumenta notablemente.
De herramienta útil a foco de problemas: los grupos de avisos de controles
Conviene matizar que los grupos de mensajería sobre tráfico no nacieron necesariamente con mala intención. Desde su aparición, en torno a 2012, muchos de ellos se concebían como una forma de colaboración entre conductores para informar de accidentes, obras, retenciones o problemas meteorológicos que pudieran afectar a la circulación.
En esos primeros años, la propia DGT reconocía que podían tener un efecto positivo sobre la seguridad vial, al complementar la información oficial con datos de primera mano sobre el estado de las carreteras. Los conductores, por ejemplo, avisaban de placas de hielo, animales sueltos o vehículos averiados que aún no figuraban en los boletines institucionales.
Con el tiempo, sin embargo, en muchos de estos chats empezó a colarse otro tipo de contenido: avisos muy concretos sobre radares móviles, controles de alcohol y drogas o puntos de verificación de documentación. Poco a poco, el foco se desplazó desde las incidencias fortuitas hacia la ubicación de los propios agentes de Tráfico.
En el caso de Ibiza, el grupo de Telegram consultado por la Guardia Civil se presentaba como un espacio para compartir incidencias de tráfico en la isla. Pero, entre los mensajes que alertaban de retenciones o pequeños percances, también se compartían avisos tan directos como el que indicaba “control rotonda Santa Eulària”, que acabó derivando en la denuncia a la conductora.
En los últimos años incluso se ha llegado a plantear en algunos borradores normativos la posibilidad de sancionar expresamente a los administradores de estos grupos cuando se compruebe que se utilizan sistemáticamente para alertar de controles y radares. En esos debates se hablaba de posibles multas de entre 6.000 y 20.000 euros, aunque estas propuestas no han llegado a convertirse en ley.
Pese a esa ausencia de una regulación específica ad hoc, el caso de Ibiza demuestra que la legislación de seguridad ciudadana ya ofrece herramientas suficientes para actuar contra quienes difunden datos que comprometen un operativo. No hace falta una “ley de Telegram”: basta con aplicar el artículo 36.23 cuando se considera que hay un uso no autorizado de información relativa a los agentes.
Qué se puede compartir y qué no sobre controles y radares
Una de las dudas más habituales entre los conductores es dónde está la línea roja legal a la hora de hablar de controles o radares en redes sociales, Telegram, WhatsApp u otras aplicaciones. La clave está en diferenciar entre información pública y datos que afectan a operativos en curso.
Por un lado, la ubicación de los radares fijos de la DGT es pública. Estos dispositivos aparecen en la web oficial de Tráfico, en mapas, navegadores GPS y numerosas aplicaciones que utilizan esa base de datos. Compartir que en tal punto kilométrico hay un radar fijo, cuando esa información ya ha sido divulgada por las autoridades, no se considera en sí mismo una infracción.
Otra cosa muy distinta es dar detalles precisos y en tiempo real sobre un control móvil, un punto de verificación de alcoholemia, un dispositivo de drogas o un operativo concreto de Guardia Civil, Policía Nacional o policías locales que se está desarrollando en ese momento y cuya localización no ha sido difundida por canales oficiales.
En este segundo supuesto, las autoridades entienden que se está haciendo un uso no autorizado de datos profesionales de los agentes y que se facilita la elusión del dispositivo por parte de quienes podrían ser objeto de sanción o incluso de detención. Ahí es donde encaja el tipo de conducta que ha motivado la denuncia en Ibiza.
Además, desde la Guardia Civil se recuerda que, con las herramientas tecnológicas actuales, el rastro de los mensajes no desaparece tan fácilmente. Aunque un grupo sea privado o esté limitado a determinados usuarios, una investigación abierta puede permitir acceder a esa información con las debidas garantías legales, identificar a quien lanza un aviso y, si procede, tramitar la correspondiente propuesta de sanción.
Las autoridades insisten en que el uso de estos canales para compartir incidencias reales de tráfico —accidentes, obstáculos, climatología adversa— es bienvenido, pero cruzar la línea hasta los chivatazos sobre controles puede acabar resultando muy caro. El caso de Ibiza es el ejemplo perfecto: un mensaje aparentemente inofensivo en un chat ha derivado en un proceso sancionador con una posible multa de miles de euros.
La experiencia en esta carretera de Santa Eulària des Riu deja claro que avisar en Telegram o WhatsApp de un control de tráfico no es un simple favor entre conductores, sino una práctica que puede encajar de lleno en la ley de seguridad ciudadana, con sanciones de entre 601 y 30.000 euros y con la Guardia Civil y la DGT cada vez más atentas a lo que se comparte en los móviles cuando hay un operativo en marcha.
