- Meta afronta en un tribunal federal de California un macrojuicio impulsado por 29 estados de EE. UU. por el supuesto diseño adictivo de Facebook e Instagram para menores.
- Los fiscales reclaman hasta unos 200.000 millones de dólares y cambios profundos en funciones como el scroll infinito, la reproducción automática o los filtros de belleza.
- La tecnológica niega las acusaciones, defiende sus herramientas de seguridad, cuestiona el vínculo directo entre redes y salud mental y recuerda su labor para bloquear cuentas de menores de 13 años.
- El caso se suma a otras derrotas recientes de Meta y podría forzar modificaciones de sus algoritmos en todo el mundo, con especial seguimiento desde Europa y España.
El uso de Instagram entre niños y adolescentes vuelve a estar en el punto de mira, esta vez en un juicio de enorme calado contra Meta en Estados Unidos. Una coalición de 29 estados acusa a la compañía de haber diseñado deliberadamente funciones pensadas para enganchar a los menores, mientras que la empresa de Mark Zuckerberg niega cualquier intención de dañar y defiende sus herramientas de protección juvenil.
Este proceso se sigue con atención a escala internacional porque puede marcar el futuro de la regulación de redes sociales en todo el mundo. En Europa y en España, donde ya se aplican normas más estrictas en materia de datos y protección de menores, el resultado del caso podría servir de referencia para endurecer aún más el control sobre plataformas como Instagram.
Un macrojuicio histórico contra Meta por el diseño de Instagram
El juicio se celebra en el tribunal federal de Oakland, en California, el estado donde Meta tiene su sede. Tras la selección del jurado, han comenzado las vistas orales que se prolongarán durante unas seis semanas, en un procedimiento presidido por la jueza Yvonne Gonzalez Rogers, conocida por otros casos tecnológicos de alto perfil, como los que han afectado a Apple o al ecosistema de Elon Musk.
La demanda fue presentada en 2023 por una coalición de 29 estados estadounidenses y se ha convertido en el primer gran juicio federal centrado en el efecto de Facebook e Instagram sobre la salud mental de los menores. Se le atribuye a Meta haber transformado sus plataformas en productos comparables, en términos de responsabilidad, a las grandes tabacaleras o a las farmacéuticas implicadas en la crisis de los opiáceos.
Los estados reclaman sanciones económicas gigantescas. Meta asegura que se enfrentaría a multas de hasta 1,4 billones de dólares, una cifra que considera totalmente desproporcionada. Los fiscales, sin embargo, han rebajado esa expectativa y hablan de cantidades más cercanas a los 200.000 millones de dólares, aunque la cifra definitiva dependerá del avance del proceso y de las eventuales medidas correctoras que imponga el tribunal.
Este es además el primer caso federal de un frente judicial mucho más amplio. TikTok, Snapchat y YouTube también están en el punto de mira en Estados Unidos por quejas similares de familias, escuelas y autoridades, que las acusan de haber contribuido al deterioro del bienestar emocional de los jóvenes. Lo que ocurra con Instagram y Facebook puede ser el termómetro de lo que les espera al resto de plataformas, especialmente ahora que Meta y YouTube están en el punto de mira por la adicción de menores.
Las principales acusaciones: diseño adictivo y vulneración de la privacidad infantil
Los fiscales generales de California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey llevan la voz cantante de la acusación en nombre de la coalición de estados. Su estrategia se articula en tres grandes bloques: los daños a la salud mental, el diseño supuestamente adictivo de las funciones de la app y la recopilación de datos de menores sin el debido consentimiento.
Por un lado, sostienen que Meta ocultó o minimizó lo que sabía sobre los riesgos que Facebook e Instagram podían causar a los jóvenes, mientras presentaba públicamente sus plataformas como espacios seguros. Defienden que la compañía era consciente de que muchos menores sufrían ansiedad, trastornos de la imagen corporal y otros problemas asociados a la presión social y al consumo intensivo de contenidos, pero que decidió primar el negocio publicitario.
Por otro, el foco está en el diseño de Instagram y Facebook, más que en los contenidos concretos, una estrategia que busca esquivar la protección que históricamente les ha dado la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones. Para los estados, el problema no es solo qué se ve, sino cómo se ha construido la experiencia para mantener al usuario conectado el máximo tiempo posible.
Entre las funciones cuestionadas se encuentran el scroll infinito que permite deslizar sin fin un flujo de publicaciones, la reproducción automática de vídeos, las notificaciones constantes, los filtros de belleza y apariencia o el uso de algoritmos diseñados para priorizar el contenido que genera más interacción. En conjunto, estas herramientas se señalan como elementos que pueden reforzar conductas compulsivas y alimentar comparaciones dañinas entre adolescentes.
Además, varios estados acusan a Meta de haber incumplido leyes federales y estatales de privacidad, incluida la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Línea (COPPA), que fija límites muy claros sobre qué datos pueden recopilarse de menores de 13 años y bajo qué condiciones. Según la demanda, la empresa habría recogido y aprovechado información de esos usuarios sin el consentimiento paterno requerido, motivo por el cual Bruselas acusa a Meta de no impedir el acceso de menores.
Lo que piden los estados: multas millonarias y cambios profundos en Instagram
Las pretensiones de la coalición de estados van mucho más allá de una simple sanción económica. Los fiscales quieren forzar una revisión drástica del modelo de negocio y del diseño de Instagram y Facebook, especialmente en todo lo que afecta a usuarios menores de edad, y convertir este caso en un aviso para todo el sector.
Entre las medidas que reclaman, figura la eliminación de todos los datos personales recogidos de menores de 13 años, así como de los algoritmos y modelos que se hayan entrenado con esa información. Se trata de una petición particularmente sensible para Meta, cuyo negocio publicitario y sus desarrollos en inteligencia artificial dependen en gran medida del volumen de datos de usuario disponible.
Los estados también exigen que se retiren o modifiquen las funciones consideradas más adictivas: el feed sin fin, la reproducción automática de vídeos, ciertos elementos de gamificación y el uso intensivo de filtros que modifican el aspecto físico. Buscan acotar aquellas características que, según la acusación, fomentan que los menores pasen cada vez más horas dentro de la aplicación.
Otro de los objetivos es lograr que, por defecto, se apliquen a los menores los ajustes de máxima protección en aspectos como el tiempo de pantalla, los avisos y las posibilidades de interacción, de manera que un adolescente no pueda desactivar por sí solo estos límites. Para los fiscales, la regulación no puede descansar únicamente en la vigilancia constante de las familias, sino que la propia plataforma debe incorporar salvaguardas más estrictas.
Por último, los demandantes plantean que, si Meta es declarada responsable, deba afrontar pagos en concepto de sanciones civiles, devolución de beneficios ilícitos y posibles mecanismos de compensación. En casos estatales previos, parte del dinero se ha destinado a fondos para la salud mental juvenil, una opción que vuelve a estar sobre la mesa en este macrojuicio.
La defensa de Meta: falta de pruebas y complejidad de la salud mental adolescente
Meta ha respondido con firmeza a las acusaciones y sostiene que la demanda se basa en afirmaciones exageradas y sin respaldo suficiente. Sus abogados insisten en que el bienestar psicológico de los adolescentes es un fenómeno complejo, influido por numerosos factores, y que no puede atribuirse exclusivamente al uso de Instagram o Facebook.
La compañía recalca que cuenta con políticas para evitar el acceso de menores de 13 años y que en los últimos meses ha intensificado sus esfuerzos contra las cuentas que no cumplen ese requisito. En sólo un trimestre, asegura haber eliminado alrededor de 600.000 perfiles vinculados a usuarios por debajo de la edad mínima, una cifra que exhibe como prueba de su voluntad de cumplir la normativa.
En la misma línea, Meta defiende las herramientas que ha ido incorporando para gestionar el tiempo de uso y las notificaciones, y cita sus iniciativas para que los adolescentes puedan limitar la exposición a determinados contenidos. Según datos internos de la propia empresa, cerca de un 20 % de los jóvenes dice sentirse peor tras usar Instagram, pero el resto declara mantenerse igual o incluso mejor, un argumento que la defensa utiliza para relativizar el alcance del problema.
El abogado de la compañía, Paul Schmidt, ha pedido al jurado que mantenga “la mente abierta” y ha insistido en que no existe una prueba concluyente que demuestre que Instagram, por sí sola, cause los daños que describen los demandantes. También cuestiona que se pueda considerar ilegales funciones que son comunes a muchas otras redes sociales y servicios digitales.
Al mismo tiempo, Meta critica la magnitud de las sanciones que se persiguen y las tilda de “enormemente desproporcionadas”. A su juicio, obligar a la compañía a desmontar algoritmos y sistemas entrenados durante años con datos de usuario tendría un impacto enorme en su capacidad de invertir en inteligencia artificial y en la financiación de sus productos gratuitos, basados casi por completo en la publicidad.
Un caso con testigos clave y antecedentes condenatorios
Además del choque entre acusación y defensa, el proceso se sigue con lupa por el perfil de algunos testigos clave. Uno de ellos es Mark Zuckerberg, que previsiblemente tomará la palabra como responsable máximo de Meta, pocos meses después de otra comparecencia en Los Ángeles que se cerró con una condena importante por el perjuicio sufrido por una adolescente usuaria de las plataformas del grupo.
Destaca igualmente la figura de Arturo Béjar, un antiguo ingeniero de Meta que ha pasado a convertirse en una voz de referencia para quienes reclaman más control sobre las grandes redes sociales. Béjar ya ha declarado que alertó a altos cargos de la empresa sobre los daños que podían experimentar los jóvenes por la forma en que estaba diseñada Instagram y que, a su juicio, esos riesgos se podían haber mitigado con cambios concretos que no se llevaron a cabo a tiempo.
La jueza Yvonne Gonzalez Rogers ha rechazado el intento de Meta de excluir el testimonio de Béjar, al considerar que su veto habría supuesto un “intento desesperado” de apartar del juicio a un testigo sólido para la acusación. Esto refuerza la sensación de que el tribunal quiere escuchar de primera mano cómo se tomaban las decisiones internas sobre producto y seguridad.
El macrojuicio llega, además, después de varias derrotas judiciales de Meta en Estados Unidos. La coalición de estados ya logró en 2024 bloquear un intento de la compañía de desestimar la demanda, y un tribunal de apelaciones rechazó que Meta, Google, TikTok y otras redes pudieran acogerse a la inmunidad derivada de una ley de 1996 frente a más de 3.000 reclamaciones relacionadas con la adicción juvenil.
En paralelo, Meta ha perdido recientemente casos relevantes en tribunales estatales, como el de Nuevo México, en el que se la obliga a introducir cambios en sus servicios y a pagar casi mil millones de dólares, parte de ellos destinados a un fondo de reparación para la salud mental de los jóvenes. En otra fase del mismo procedimiento, un jurado dictó que la compañía debía abonar 375 millones por prácticas desleales, una decisión que la tecnológica planea recurrir.
Impacto potencial en Europa y en España
Aunque el juicio se desarrolla en California, sus consecuencias pueden ir mucho más allá de Estados Unidos. El caso se percibe como el “momento tabacalera” de las redes sociales, una comparación que se repite en los análisis de la industria y que alude a las multimillonarias compensaciones que tuvieron que asumir las empresas del tabaco en los años noventa al demostrarse que engañaron al público sobre los riesgos de sus productos.
En Europa, donde ya están en vigor normas como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) o la Ley de Servicios Digitales, los reguladores siguen con interés el desarrollo del proceso. Si un tribunal estadounidense concluye que Instagram y Facebook se diseñaron de manera deliberadamente adictiva para los menores, no sería extraño que autoridades europeas planteasen investigaciones adicionales o nuevas restricciones específicas.
Para España, el resultado del caso puede reforzar debates ya abiertos sobre la edad de acceso a las redes sociales, los sistemas de verificación de edad y el tipo de contenidos y funcionalidades que deberían permitirse a los menores. En los últimos años, entidades públicas y expertos en psicología han alertado de la relación entre un uso intensivo de plataformas como Instagram y el incremento de problemas de ansiedad, acoso en línea o trastornos alimentarios en adolescentes.
Si la justicia estadounidense obliga a Meta a rediseñar partes de sus algoritmos o a desactivar determinadas funciones para jóvenes, lo más probable es que esos cambios se apliquen de manera global, o al menos en sus principales mercados. Esto podría traducirse en una experiencia distinta de Instagram en Europa, con más limitaciones en notificaciones, recomendaciones de contenido y uso de filtros, especialmente para quienes se identifiquen como menores.
Además, el enorme volumen de datos de adolescentes que maneja Meta y su peso en la publicidad digital podría reabrir en la Unión Europea discusiones sobre la publicidad dirigida a menores, un asunto en el que ya existen prohibiciones parciales y que, con un precedente tan contundente como el que se discute en Oakland, podría endurecerse aún más.
El papel central de Instagram en el ecosistema de Meta
Más allá de la batalla legal, el juicio pone de relieve hasta qué punto Instagram se ha convertido en una pieza clave del negocio de Meta. La compañía afirma sumar unos 3.600 millones de usuarios en el conjunto de sus aplicaciones –Facebook, Instagram, WhatsApp y Threads– y registrar beneficios récord que se reinvierten en proyectos de inteligencia artificial y realidad aumentada.
Sin embargo, casi el 98 % de sus ingresos procede de la publicidad en línea, muy vinculada al uso masivo y continuado de sus plataformas. Cualquier decisión que limite el tiempo de exposición de los usuarios, especialmente de colectivos tan activos como los adolescentes, puede traducirse en menos impresiones publicitarias y, por tanto, en una reducción de la facturación.
En este contexto, los analistas han señalado que el dinero que Meta destina a la inteligencia artificial –decenas de miles de millones de dólares al año en inversión de capital– depende directamente del flujo de caja que generan Instagram y el resto de sus servicios. Una sanción económica muy elevada o una obligación de desmantelar algoritmos entrenados con datos de menores podría obligar a replantear su calendario de inversión tecnológica.
El caso también se produce en un momento en el que Instagram continúa ajustando su identidad visual y su estrategia de producto. Recientemente, la plataforma ha presentado un rediseño de su logotipo tipográfico –el llamado “wordmark”–, con una estética más sencilla y moderna, mientras mantiene sin cambios el icónico icono de la cámara en degradado. Son señales de una red social que intenta refrescar su imagen sin perder su enorme base de usuarios.
En definitiva, lo que se dirime en Oakland va mucho más allá de una simple disputa legal. Se está cuestionando el modelo de diseño y monetización de una de las redes sociales más influyentes del planeta y, de rebote, se examina cómo deberían construirse las plataformas que usan a diario millones de jóvenes. El veredicto que dicte la jueza Gonzalez Rogers, tras escuchar a estados, expertos, ingenieros y directivos, puede convertirse en un punto de inflexión que afecte tanto a la forma en que los adolescentes se relacionan con Instagram como a la manera en que gobiernos y reguladores de Europa y España seguirán tratando a los gigantes tecnológicos en los próximos años.
