- Meta pagará hasta 18.000 millones de dólares para cerrar la demanda colectiva de 48 estados de EE.UU. por el diseño adictivo de sus redes sociales.
- Las nuevas medidas incluyen límite diario de dos horas, bloqueo nocturno y silenciamiento de notificaciones en horario escolar para cuentas de adolescentes.
- La Comisión Europea exige a Meta que extienda estas restricciones a los usuarios de la UE, con posibles multas de hasta el 6% de su facturación global.
- El acuerdo condiciona parte del pago a que YouTube y TikTok adopten medidas equivalentes de protección para menores.

El gigante tecnológico Meta ha alcanzado un acuerdo sin precedentes con los fiscales generales de 48 estados de Estados Unidos para poner fin a la demanda colectiva que le acusaba de diseñar Instagram y Facebook de forma adictiva para los menores. La compañía pagará hasta 18.000 millones de dólares (unos 15.400 millones de euros) a lo largo de diez años, aunque rechaza cualquier admisión de culpabilidad. El pacto, que aún debe ser aprobado por un tribunal federal de Oakland (California), introduce una batería de medidas de seguridad que cambiarán por completo la experiencia de los adolescentes en estas plataformas.
El acuerdo llega después de que los estados demandantes presentaran pruebas que, según su versión, demostraban que Meta conocía los riesgos de sus productos para la salud mental de los jóvenes y no actuó con la diligencia debida. La cifra final del pacto es sensiblemente inferior a los 1,4 billones de dólares que se llegaron a barajar como posible condena al inicio del proceso, pero incluye compromisos concretos de rediseño de las plataformas que van más allá de lo económico. La compañía dirigida por Mark Zuckerberg ha asegurado que el acuerdo representa un «paso importante» y confía en que siente un nuevo estándar para toda la industria tecnológica.
Qué implica el acuerdo para los adolescentes

Las nuevas medidas, que se activarán automáticamente en las cuentas de usuarios de entre 13 y 17 años, incluyen un límite diario de dos horas de uso, bloqueo de las aplicaciones entre medianoche y las seis de la mañana, y el silenciamiento de notificaciones durante el horario escolar. Los adolescentes no podrán modificar estos ajustes sin el permiso de un padre o tutor que supervise su cuenta. Además, se ocultará el número de «me gusta» y reacciones tanto en sus propias publicaciones como en las de otros usuarios, una medida que los expertos en seguridad online llevaban años reclamando para reducir las comparaciones dañinas entre jóvenes.
Meta también se ha comprometido a reforzar los sistemas de verificación de edad, utilizando herramientas de inteligencia artificial para detectar a aquellos usuarios que mienten sobre su edad. La compañía invertirá en tecnología más avanzada para eliminar las cuentas de menores de 13 años, que están prohibidas en sus plataformas. Los padres recibirán notificaciones cuando un adolescente vincule una cuenta secundaria, aunque esta medida no se aplicará a las cuentas adicionales que ya existan con anterioridad al acuerdo.
La presión de Bruselas para extender las medidas a Europa
La Comisión Europea ha pedido a Meta que extienda estas restricciones a los menores europeos, argumentando que la protección de los jóvenes no puede depender del país donde residan. Bruselas considera que el bloqueo nocturno, el límite de dos horas y el ocultamiento de los «me gusta» deberían ser la norma en toda la Unión Europea, y no una concesión exclusiva para el mercado estadounidense. La Comisión, liderada por Ursula von der Leyen, cuenta con el respaldo del Digital Services Act (DSA), que permite imponer multas de hasta el 6% de la facturación global de las plataformas si no mitigan los riesgos sistémicos para la salud mental de los menores.
Meta, por su parte, ha dejado claro que las nuevas medidas de seguridad solo se aplicarán en Estados Unidos durante una década, al menos por el momento. La compañía asegura que supervisará cómo funcionan estos cambios en el mercado estadounidense y mantendrá un diálogo constructivo con los gobiernos europeos para favorecer experiencias adecuadas a la edad en sus plataformas. Sin embargo, la presión regulatoria en Europa no deja de aumentar: España ya ha impulsado una Ley de protección digital del menor que prevé sistemas de verificación de edad obligatorios, y varios países nórdicos junto con Francia y Alemania respaldan la línea dura de Bruselas.
La condicionalidad del acuerdo: YouTube y TikTok en el punto de mira

Uno de los aspectos más novedosos del acuerdo es su diseño condicional. Meta pagará al menos 12.700 millones de dólares de forma garantizada, pero los 5.300 millones restantes solo se abonarán si YouTube y TikTok adoptan medidas equivalentes de protección para los menores, incluyendo límites diarios de uso, restricciones nocturnas y sistemas de verificación de edad. Si estas plataformas no cumplen en un plazo de cinco años, Meta levantará sus propias limitaciones. Esta cláusula busca evitar que los adolescentes simplemente migren de una aplicación a otra cuando se restringe su uso.
El fiscal general de California, Rob Bonta, quien lideró la demanda, ha sido claro al respecto: «Esperamos lograr compromisos con toda la industria, no solo con Meta». California y otros estados mantienen demandas en curso contra TikTok y Snap, y Bonta ha señalado que YouTube también le «preocupa mucho». La compañía Meta, por su parte, ha instado públicamente a estas plataformas a unirse al acuerdo y adoptar las mismas restricciones, advirtiendo de que «cuando se restringe el uso de una aplicación, los adolescentes simplemente cambian a otra».
Reacciones y críticas al acuerdo
El acuerdo ha sido calificado como una «victoria monumental para la salud pública de los jóvenes» por el fiscal general de Washington DC, Brian Schwalb, quien ha asegurado que «Meta explotó intencionadamente a los niños con fines de lucro y luego mintió al respecto». Sin embargo, también han surgido voces críticas que consideran que las medidas no atacan el problema de raíz. Josh Golin, director ejecutivo de Fairplay, una organización sin ánimo de lucro dedicada a la seguridad infantil, ha señalado que el pacto no desactiva por defecto los algoritmos de recomendación que arrastran a los jóvenes a espirales peligrosas, y que ofrecer restricciones que los adolescentes puedan negociar con sus padres genera conflictos familiares.
Arturo Béjar, antiguo director de ingeniería de Meta, ha utilizado una metáfora contundente para explicar sus dudas: «Una cosa es decir que solo puedes consumir dos horas de alcohol al día, pero sigue siendo igual de perjudicial por lo que se te está ofreciendo». Los expertos también advierten de que los controles parentales solo funcionan en hogares donde hay un adulto con tiempo, conocimientos técnicos y una relación estable con el menor, lo que podría aumentar los riesgos para los adolescentes de familias con menos recursos.
El acuerdo, no obstante, representa un cambio de paradigma en la responsabilidad de las plataformas digitales. Durante años, el debate sobre los menores y las redes sociales se ha centrado en la conducta del propio menor y en la supervisión parental, dejando fuera a las empresas que configuran el entorno digital. Este pacto traslada el foco hacia la responsabilidad de quienes controlan y explotan económicamente el servicio, y sienta un precedente que podría tener repercusiones en otros ordenamientos jurídicos, incluido el europeo. La educación digital y la supervisión familiar siguen siendo imprescindibles, pero ya no bastan: las plataformas deberán asumir que su diseño tiene consecuencias jurídicas cuando se trata de proteger a los más vulnerables.


