- La Comisión Europea presenta el 17 de septiembre la EU Kids Act, una propuesta legislativa que establece restricciones de edad y requisitos de seguridad en redes sociales, videojuegos y servicios de IA.
- El plan introduce un enfoque escalonado: menores de 3 años sin acceso, de 3 a 13 solo con control parental, de 13 a 15 con cuentas limitadas, y mayores de 15 con autonomía condicionada al diseño seguro.
- Se prohíben funciones adictivas como el scroll infinito, se exige verificación de edad y se crea una tasa de supervisión financiada por las plataformas, así como multas de hasta el 6% de la facturación mundial.
- La iniciativa busca armonizar las diferentes leyes nacionales en los 27 países, con España, Francia y Países Bajos entre los estados que ya preparan o impulsan medidas similares.
La Comisión Europea da un paso firme en la protección de la infancia digital. Este jueves 17 de septiembre se presenta oficialmente la EU Kids Act, una propuesta legislativa que quiere poner límites claros al acceso de los menores a redes sociales, plataformas de vídeo, videojuegos y chatbots de inteligencia artificial. La iniciativa, que será desvelada por Ursula von der Leyen junto a la comisaria de Tecnología, Henna Virkkunen, llega un día después del discurso sobre el estado de la Unión, situando este asunto en el centro de la agenda política europea.
El texto, adelantado por medios como Euronews y Euractiv, incluye una combinación de restricciones por edades y obligaciones de diseño seguro. La gran novedad es que las plataformas deberán demostrar que sus servicios son seguros antes de lanzarlos, un cambio de paradigma respecto a la actual autorregulación. El objetivo no es solo regular qué ven los menores, sino cómo las propias herramientas tecnológicas fomentan un uso excesivo mediante funciones como el scroll infinito, las notificaciones artificiales o los sistemas de recompensa.
Un enfoque por tramos de edad
La propuesta establece un sistema escalonado que define lo que pueden hacer los menores en cada franja. Los niños de 0 a 3 años no podrán acceder a ningún servicio de redes sociales o plataformas de alto riesgo. De 3 a 13 años, el acceso solo será posible a través de cuentas abiertas por los padres y que usen servicios que cumplan estándares de protección infantil. Los adolescentes de 13 a 15 años dispondrán de cuentas limitadas, con control parental, límite de contactos y restricción de tiempo de pantalla. A partir de los 15 años se permitirá la creación de cuentas autónomas, pero siempre que la plataforma garantice un entorno seguro por diseño.
Esta estructura busca equilibrar la protección con la autonomía progresiva. A diferencia de leyes nacionales como la francesa, que prohíbe directamente las redes a menores de 15 sin consentimiento paterno, o la española, que apunta a los 16 años, la norma europea no introduce una prohibición absoluta, sino que modula el acceso según la edad. España ha presionado para incluir videojuegos y chatbots, algo que finalmente se ha incorporado al texto, una demanda que Madrid realizó junto a Países Bajos.
Verificación de edad: el reto técnico
Para que estas reglas sean efectivas, la Comisión propone un sistema de verificación de edad que debe aplicarse al abrir una cuenta nueva. La idea es usar una app oficial de verificación europea o soluciones nacionales que solo confirmen si el usuario supera un umbral, sin revelar datos extra. La privacidad se convierte en el mayor desafío porque es necesario conocer la edad sin vulnerar el Reglamento General de Protección de Datos. La propia Comisión ya ha sido criticada por los fallos de seguridad de su aplicación de verificación, que investigadores pudieron sortear en menos de dos minutos.
La experiencia de Australia, pionera con una prohibición total para menores de 16, muestra que la verificación no es infalible. Un informe de su regulador reveló que más del 80% de los menores seguían usando redes sociales tras la entrada en vigor, y muchos simplemente declararon una edad falsa. Sin embargo, también revocaron 4,7 millones de cuentas de menores en las primeras semanas, lo que demuestra que la presión regulatoria puede tener efecto.
Las plataformas tendrán que pagar por supervisión
El modelo de ejecución será similar al de la Ley de Servicios Digitales (DSA). Los servicios considerados de alto riesgo tendrán que obtener autorización previa de la Comisión antes de ofrecer nuevas funciones que afecten a menores. Además, las empresas abonarán una tasa de supervisión para financiar los controles. El incumplimiento conlleva multas de hasta el 6% de la facturación anual mundial, una cifra que puede alcanzar los cientos de millones de euros para las grandes tecnológicas.
La norma afecta a un espectro más amplio que el DSA, ya que no solo aplica a plataformas muy grandes. Videojuegos, chatbots y compañeros virtuales de IA entran dentro del ámbito, mientras que servicios educativos o herramientas para empresas quedan fuera. Para los juegos en línea, se exigirá una recomendación de edad obligatoria en cada título y verificación en la tienda antes de la descarga, una medida que acerca la regulación a los estándares de clasificación por edades existentes.
Mientras tanto, varios países europeos han decidido adelantarse a Bruselas. Francia, Alemania, Italia, Polonia y los Países Bajos ya tienen proyectos legislativos en marcha, y Australia es el referente mundial con su prohibición desde diciembre de 2025. La Comisión argumenta que solo una norma a nivel UE puede evitar la fragmentación del mercado y garantizar que una plataforma que cumpla en un país no tenga que rehacer su arquitectura para otro.
Un largo camino hasta su aplicación
El texto presentado este jueves no es ley aún. Comienza ahora un proceso de negociación en el Parlamento Europeo y el Consejo que puede durar entre uno y dos años. Los expertos ya advierten de posibles conflictos con las normativas de privacidad, y la batalla legal está prácticamente asegurada. Lo que sí está claro es que el diseño de los servicios digitales para menores va a cambiar de forma irreversible.
Las empresas tecnológicas tendrán que replantearse no solo la manera de verificar la edad, sino también las mecánicas de retención que hoy utilizan. El scroll infinito, las notificaciones adictivas o los algoritmos que fomentan las madrigueras de contenido deberán adaptarse a un nuevo marco. Para las startups y pequeñas plataformas, esto implica auditar su tecnología desde ya, porque aunque la ley no esté vigente, las decisiones de diseño se toman ahora.
En definitiva, la EU Kids Act no se limita a fijar una edad mínima, sino que introduce el principio de seguridad desde el diseño, un giro que obligará a las plataformas a demostrar que sus productos son seguros para la infancia antes de lanzarlos al mercado. Con la presentación de este jueves comienza una nueva etapa en la regulación digital europea y en la protección de los menores.