- La Comisión Europea sanciona a Google con 890 millones de euros por dos infracciones de la DMA.
- 460 millones por favorecer sus propios servicios en el buscador y 430 millones por restringir alternativas en Google Play.
- Google tiene 60 días para corregir las prácticas o enfrentará multas periódicas de hasta el 5% de su facturación global.
- La decisión aviva la tensión con Estados Unidos, que critica la regulación europea sobre las grandes tecnológicas.
La Comisión Europea ha dado un paso firme en su cruzada contra el dominio de las grandes tecnológicas al imponer dos multas a Google por un total de 890 millones de euros por vulnerar la Ley de Mercados Digitales (DMA). La decisión, anunciada este jueves, llega en un momento de máxima tensión comercial con Estados Unidos y supone la sanción más cuantiosa aplicada hasta ahora bajo esta normativa, que busca garantizar una competencia justa en el ecosistema digital.
El Ejecutivo comunitario considera que la compañía de Mountain View ha infringido la DMA de dos formas: por un lado, priorizando sus propios servicios en los resultados de búsqueda frente a los de la competencia; por otro, impidiendo que los desarrolladores de aplicaciones informen libremente a los usuarios sobre ofertas más baratas fuera de Google Play. Ambas prácticas, según Bruselas, perjudican tanto a los consumidores como a los rivales de Google.
Las dos multas: búsqueda y Google Play
La primera sanción, de 460 millones de euros, se debe a que Google ha favorecido de forma sistemática sus propios servicios —como Google Shopping, búsqueda de hoteles, vuelos y resultados deportivos— en la parte superior de los resultados del buscador, utilizando además elementos visuales y filtros mejorados que no están al alcance de los competidores. La Comisión sostiene que esta práctica otorga una ventaja indebida a los productos de la propia compañía, dificultando que otros servicios puedan competir en igualdad de condiciones.
La segunda multa, de 430 millones de euros, está relacionada con Google Play. Bruselas acusa a Google de imponer restricciones a los desarrolladores de aplicaciones para que no puedan dirigir a los usuarios hacia canales de compra alternativos, como sus propias páginas web u otras tiendas de aplicaciones, donde los precios suelen ser más bajos. Aunque la DMA permite a Google cobrar una comisión por cada nuevo cliente obtenido a través de su tienda, la Comisión considera que la tasa actual es excesiva y desincentiva la competencia.
Plazo de 60 días y posibles sanciones adicionales
Además de la sanción económica, la Comisión Europea ha ordenado a Google modificar sus prácticas en un plazo máximo de 60 días. La empresa debe tratar a los servicios de terceros de forma justa y no discriminatoria en los resultados de búsqueda, y permitir que los desarrolladores de aplicaciones informen libremente a los usuarios sobre ofertas más baratas, tanto dentro como fuera de Google Play. Si no cumple, se enfrenta a multas periódicas de hasta el 5% de su facturación global diaria, una medida coercitiva prevista en la DMA para garantizar el cumplimiento efectivo.
La cuantía de las multas, aunque elevada, es inferior a otras sanciones históricas impuestas a Google por la UE, como los 4.125 millones de euros por abuso de posición dominante con Android o los 2.424 millones por Google Shopping. Esto se debe a que las nuevas sanciones se han aplicado en virtud de la DMA, cuyo periodo de infracción evaluado (desde marzo de 2024 hasta diciembre de 2025) es más corto, y porque Google ya había comenzado a implementar algunos cambios, según explicaron las vicepresidentas comunitarias Teresa Ribera y Henna Virkkunen.
Reacción de Google y contexto político
Google ha respondido con dureza a la sanción. Kent Walker, presidente de Asuntos Globales de la compañía, aseguró en un comunicado que «la DMA sigue perjudicando el funcionamiento de productos cotidianos» y que, para cumplir con la normativa, se ven obligados a eliminar funciones de búsqueda en tiempo real que los europeos aprecian, como los precios instantáneos de hoteles, vuelos y restaurantes, así como a desmantelar las medidas de seguridad de Google Play. «Esto no es competencia leal, es una degradación del producto impulsada por un pequeño grupo de denunciantes con intereses particulares», añadió.
Por su parte, la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, la española Teresa Ribera, defendió la decisión: «Los mejores productos deben triunfar porque son mejores, no porque pertenezcan a la empresa que gestiona el motor de búsqueda». Ribera también se refirió a las posibles represalias del presidente estadounidense, Donald Trump, quien ha criticado abiertamente la DMA y amenazado con imponer aranceles. «La Comisión está obligada a cumplir las normas comunitarias y el derecho internacional, que está siendo cuestionado en muchas partes», señaló, dejando claro que Bruselas no cederá a presiones externas.
La sanción se produce en un contexto de renovación del acuerdo arancelario entre la UE y Estados Unidos, alcanzado hace un año en Turnberry (Escocia), que fija un arancel máximo del 15% para los productos europeos. La decisión de Bruselas podría tensar aún más las relaciones, pero desde la Comisión insisten en que su deber es aplicar la ley, independientemente de las consecuencias políticas.
En definitiva, la multa de 890 millones de euros a Google representa un hito en la aplicación de la Ley de Mercados Digitales y refuerza la estrategia europea de limitar el poder de las grandes tecnológicas. Con un plazo de 60 días para corregir las prácticas y la amenaza de sanciones adicionales, Bruselas envía un mensaje claro: la competencia justa en el ámbito digital no es negociable, y los consumidores europeos tienen derecho a elegir libremente, sin que el dueño de la plataforma se lleve una comisión por ello.